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Morelos.- En una treta más de su defensa jurídica, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, se declaró perseguido político del régimen federal encabezado por el priísta Enrique Peña Nieto y logró la ampliación del plazo constitucional para presentar pruebas por dos meses más.
En su publicación de este día el medionacional El Reforma, consigna que el séptimo gobernador constitucional de Quintana Roo, señaló en particular al ex Procurador Raúl Cervantes, de haber emprendido una persecución política en su contra.
Durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, el ex Gobernador de Quintana Roo se declaró preso político y solicitó al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero revisar su caso.
Borge compareció, vía videoconferencia, desde una rejilla de prácticas del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.
Borge Angulo intenta con esta treta legaloide, apegarse al «perdón» y borrón, que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esa estrategia de no permitir la violencia política en el país, que según dijo ha desgastado a los mexicanos.
Borge Angulo, acusado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico o del crimen organizado y de desempeñófunción pública, lucía pálido, más delgado y nervioso. A cada momento golpeaba con los puños cerrados o con los dedos abiertos la plancha de concreto sobre la que estaba apoyado
“Por primera vez haré uso de la palabra. Primero que nada, recordándole a la audiencia que el 1 de diciembre del año pasado hubo un cambio de Gobierno. En cuanto a mi situación durante el tiempo en que se investigó por parte de la anterior Administración de la PGR, hoy quiero manifestar que me declaro inocente, preso político de la Administración anterior y hago responsable a la PGR, cuando fue dirigida por Raúl Cervantes, porque hubo motivos políticos”, dijo Borge.
“No habían podido acreditarme siquiera el motivo del lavado de dinero. Le quiero hacer patente que por lo demás, me declaro inocente, hago un exhorto al señor Fiscal Alejandro Gertz Manero para que pueda (revisar) la causa penal”.
Borge fue interrumpido por su abogada Sharon Hernández Colín, quien trató de reconvenirlo para que se concentrara en el tema estrictamente legal por el que había sido convocada la audiencia; es decir, para ampliar el plazo de la investigación complementaria.
“Preferiría que no abundara en estos temas”, le dijo su defensora.
En ese momento, intervino el Juez de control Artemio Zúñiga Mendoza, para explicarle del alcance que podían tener sus manifestaciones.
“Al margen de todo esto, es su derecho y usted puede hacer uso de la palabra”, le señaló el juzgador.
“Nada más solicitar esa revisión a las nuevas autoridades de la nueva Fiscalía y me declaro inocente”, cerró su intervención Borge Angulo, en una audiencia que inició a las 14:15 horas y tuvo una duración de 41 minutos.
En la misma audiencia, el Juez de control Artemio Zúñiga Mendoza concedió a Roberto Borge dos meses más de plazo para presentar pruebas de descargo contra la imputación de un presunto lavado que derivaría de un quebranto de 900 millones 99 mil 418 pesos al patrimonio de Quintana Roo.
En enero de 2018, tras ser extraditado de Panamá, se informó que Borge padecía de síncope vasovagal, problemas renales y depresión. Ayer, sus defensores dijeron al juez que sufre mayores síntomas que han agravado su salud.
Los abogados del ex Mandatario argumentaron que, por situaciones ajenas a la defensa, había sido imposible reunir todas las evidencias contra la imputación y por ello se vieron en la necesidad de solicitar una prórroga de la investigación complementaria.
Dado que los fiscales federales no se opusieron a la petición del imputado, el juzgador acordó que la fecha de cierre de la investigación bajo control judicial será el próximo 8 de abril.
Al mismo tiempo, el juzgador rechazó enviar al Centro de Justicia Penal Federal de Cancún el proceso contra Borge, al estimar que ya era un tema juzgado.
Dijo que cuando se asumió la competencia del caso en Nezahualcóyotl, se argumentaron motivos de seguridad y ante estos no proceden las incompetencias.
Esta última decisión fue tomada a raíz de que un tribunal ordenó que se tramitara en Cancún el proceso por lavado contra un coacusado de Borge, César Celso González Hermosillo y Melgarejo.
