editorCancún.- A pesar de que se han presentado diversas denuncias administrativas y penales en contra de la construcción de un edificio en la Bahía de Solimán, en Tulum, efectuada sin permisos ambientales junto a un área de anidación de tortugas, así como un juicio de amparo, esta obra continúa y agentes inmobiliarios ya han comenzado a comercializar los 24 departamentos que se edifican en una zona de alta fragilidad.
Así lo denuncio en conferencia de prensa, Antonella Vázquez Cavedón, miembro de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), quien dio a conocer que, a pesar de todo este proceso legal, no han logrado detener a la desarrolladora, que inició los trabajos, en noviembre del año pasado, sin autorización de Impacto Ambiental, congruencia estatal y sin licencia de construcción.
La activista explicó que en enero de este año presentaron las primeras denuncias y tres semanas después presentaron un amparo contra todas las autoridades por omisión al no hacer valer la ley ambiental.
Mencionó que al lugar ya han acudido diversos inspectores, de la Procuraría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), del municipio de Tulum, de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) y la Procuraría de Protección al Ambiente de Quintana Roo, pero ninguno ha podido parar la obra ubicada que se realiza en un lote de 730 metros cuadrados colindantes a una playa de anidación de tortugas.
Indicó que la Profepa, por presión ciudadana, ingresó dos denuncias penales al reconocer el daño grave y la falta de autorización de impacto ambiental; sin embargo, finalmente fijó solo una multa de 400 mil pesos y una orden de restauración de la zona. Al mismo tiempo, también les brindó un plazo de 90 días para que obtengan los permisos necesarios; es decir, en lugar de castigar, les da más tiempo para que avance esta ilegal construcción.
VACÍO LEGAL
A pesar de todas estas irregularidades, esta desarrolladora ha vendido cuatro departamentos, también de manera ilegal, pues, al no contar con los permisos necesarios, se viola el Artículo 268 del Código Penal
Sin embargo, este delito de desarrollo urbano carece de una sanción, por lo que la empresa continúa delinquiendo en la impunidad.
Por esta razón, Antonella Vázquez precisó que también presentaron un recurso de amparo contra el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, por omisión, al permitir que se realicen estas prácticas.
“Básicamente es un boquete en la ley”, expresó y agregó que esto permite que los agentes inmobiliarios continúen realizando esta mala práctica en todo el estado.
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