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Al menos 123 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000 a la fecha: 48 en el sexenio del Presidente panista de Felipe Calderón, 47 en la administración del priista Enrique Peña Nieto, y tres en menos de los cien días del Gobierno Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con Artículo 19, de los 123 asesinatos a periodistas, la Feadle registra 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos últimos 45 casos, 31 continúan en trámite, mientras que sólo cuatro se han consignado o judicializado.
“El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones no sólo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradurías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante”, destacó la organización civil en su estudio.
El nivel de impunidad en los ataques contra la prensa se posiciona en un 99.13 por ciento por la ineficiencia de las autoridades, recalca el documento. Los primeros obstáculos para acceder a la justicia son justo en investigaciones ministeriales, destaca.
Las indagatorias omiten diligencias importantes, descartan “a priori” la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas y se genera una “narrativa estigmatizante que afirma motivos personales (amorosos, problemas con vecinos, drogas, etc.) en los delitos cometidos, asumiendo con ello ‘verdades históricas’, ejemplifica.
Desde el año 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1 mil 140 investigaciones en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (Feadle), pero sólo se han consignado 183 carpetas [163, en el sistema penal inquisitivo y 23 en el nivel sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016], es decir, sólo el 16.3 por ciento de las denuncias recibidas por la Feadle han sido judicializadas.
“México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre autoridades y grupos criminales y de índices de impunidad casi absolutos”, recalca Artículo 19.
Al menos 123 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000 hasta la fecha: 48 en el sexenio del Presidente panista de Felipe Calderón, 47 en la administración del priista Enrique Peña Nieto, y 3 en menos de los cien días del Gobierno Andrés Manuel López Obrador, de Morena. Además 24 periodistas continúan desaparecidos desde el año 2003 hasta la fecha.
Uno de los aspectos que preocupa a los periodistas y organizaciones civiles es el ejercicio de la facultad de atracción de la Feadle, el cual califican como “sumamente arbitrario y poco claro”.
De acuerdo a Artículo 19, de los 123 asesinatos a periodistas, la Feadle registra 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos últimos 45 casos, 31 continúan en trámite, mientras que sólo 4 se han consignado o judicializado.
“A reserva de saber las razones puntuales por las que en 44 casos no encontró relación con el ejercicio periodístico,y si están plenamente justificadas y acreditadas, del total de 89 homicidios registrados en ese periodo, habría una efectividad de 4.4 por ciento en la consignación de investigaciones por este delito”, detalla el documento.
En cuanto al ejercicio de facultades, la Feadle sólo ha ejercido esta facultad en 57 casos de mayo 2013 a diciembre 2018, lo cual comparado con el total de las 735 investigaciones que inició durante ese periodo, representa un 7.7 por ciento.
En el informe especial damos cuenta de esta situación a través del análisis cualitativo de seis casos de periodistas que han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos, los cuales han sido acompañados y representados por Artículo 19 en los últimos cinco años:
1. Moisés Sánchez, periodista sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en Medellín, Veracruz, quien conjugaba su labor informativa con un activismo social en favor de su comunidad.
2. Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México, quien semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra.
4. Alejandra Rodríguez, periodista víctima de agresiones físicas y sexuales, detenida arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, el 1° de diciembre de 2013 durante una protesta social en la Ciudad de México.
5. Aldo Sotelo, periodista víctima de agresiones físicas el 14 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, por parte de elementos policiales capitalinos, quienes además lo obligaron a entregar su material fotográfico donde había documentado sus actos arbitrarios e ilegales.
6. SinEmbargo, Artículo 19 también documentó el ataque en 2014 a este medio digital, cuando fue sacado de línea, además de recibir amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de sus colaboradores.
Los activistas y periodistas llamaron a las nuevas autoridades, entre otras cuestiones, que las autoridades se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística. En este sentido, la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria; se debe realizar análisis de contexto sobre la actividad periodística de las víctimas, que conduzca a indicios o datos de prueba para esclarecer los hechos; investigar y juzgar con perspectiva de género e interculturalidad; tratar con respeto y dignidad a las personas víctimas; realizar planes de investigación que brinden una debida conducción y orden en los expedientes.
