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_+ Esta nueva ley aprobada en el Congreso en periodo extraordinario, promueve una reingeniería en la FGE._
_+ Comprende una reestructuración sin impacto presupuestal._
Chetumal, Quintana Roo. – El Congreso del Estado aprobó durante el periodo extraordinario pasado una nueva Ley Orgánica para la Fiscalía General del Estado con la cual se realizará una reestructuración, redefinición de áreas y creación de vice fiscalías especializadas, para una mejor procuración de justicia en la entidad.
Con el avala de los integrantes de la XV Legislatura, esta nueva norma prevé la creación de las vice fiscalías de Investigación Territorial; de Investigación Especializada; de Procesos; de Asuntos Internos; de Derechos Humanos, Jurídica y Vinculación Ciudadana, entre otras, así como de coordinaciones de atención especializada para investigar delitos contra personas que requieren de un protocolo particular.
Además, los legisladores consideraron necesario realizar ajustes legales profundos que permitan resolver el problema estructural y funcional que aqueja a la Fiscalía General desde hace muchos años, para contar con una estructura orgánica que permita el dinamismo de las funciones y procesos del personal y unidades que la componen.
El mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se atenderá a través de una Coordinación de Atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, la cual coadyuvará con el sistema quintanarroense para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esto con el propósito de reducir los factores de riesgo, evitar la consumación de agresiones, resguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas beneficiadas.
También se creará una Coordinación de Atención a Turistas, para investigar los hechos posiblemente comisivos de delitos donde se encuentren involucrados los visitantes nacionales y extranjeros durante su estancia en la entidad.
La Vice Fiscalía de Procesos se encargará de llevar a cabo, a través de las fiscalías a su cargo, la litigación de los procesos penales, desde la formulación de la acusación, hasta la ejecución de sentencia, coordinando y vigilando, además la ejecución de los mandamientos judiciales y los procedimientos que deriven para la acción de extinción de dominio.
Con la creación de las vice fiscalías de Derechos Humanos, Jurídica y Vinculación Ciudadana, se harán cargo de verificar y vigilar que la actuación de la Fiscalía se apegue a los derechos humanos que señala la Constitución, así como fijar las políticas de atención a las víctimas u ofendidos por la comisión de delitos, además de promover la participación ciudadana que apoye las funciones institucionales.
La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos en contra de la Mujer y por Razones de Género, así como del Centro de Justicia para las Mujeres y la interacción entre ambas, tendrán la tarea de investigar las conductas de delitos cometidos contra las mujeres y buscarán restituir a la víctima el goce de sus derechos.
Debido a los cambios que a nivel nacional se han implementado en el combate a la delincuencia, los legisladores respaldaron la necesidad de que la Fiscalía cuente con una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica que permita consolidar, analizar y diseminar la información fiscal, patrimonial y financiera que apoyen investigaciones relacionadas con posibles hechos ilícitos e incrementos patrimoniales no justificados.
Por último, la Fiscalía General contará con una Dirección de Política y Estadística Criminal que esté encaminada a desarrollar un sistema de información estadística delictiva en la entidad, que permita conocer las relaciones causa-efecto existentes entre determinadas situaciones personales o sociales y la criminalidad.
En resumen, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado permitirá que la institución mejore y agilice sus procesos, precisamente a tres años de su creación.
De las 54 mil 780 carpetas de investigación iniciadas en 2018 en la FGE, el 6.2 por ciento se están resolviendo por determinaciones del ministerio público (archivo temporal, abstención de investigar, no ejercicio de la acción penal, criterios de oportunidad, incompetencia o acumulación).
Sólo el 3.3 por ciento se está canalizando a justicia alternativa y el 89.5 por ciento se encuentra en fase de investigación, lo que deja ver grandes cargas de trabajo en esta etapa.
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